domingo, 25 de mayo de 2014

Las reformas de la Justicia propuestas limitan derechos a ciudadanos y funcionarios, luego hay que pelearlas.

A pesar de los muchos palmeros del mundo político y lo más curioso del propio mundo judicial, cualquiera que tenga dos dedos de frente puede decir bien alto que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Tribunales de Instancia incluídos, son una vuelta atrás en la Adminstración de Justicia de más de 100 años.

Sé que es precisamente la tesis contraria de los amigotes del poder o de acceder al mismo, que dicen que lo que está caduca es la actual organización que tiene más de un siglo. Pero es de libro, si alejas la justicia de los ciudadanos, suprimiendo la pieza básica de acceso como son los Juzgados de Paz, y la primera instancia para llevartela a la capital de cada provincia, además de poner trabas en forma de costas y tasas para acceder a la Justicia, cualquiera que pretenda defender esto debería hacerselo ver, por no poner aquí algo más fuerte. Pero vamos que huele a poder o a ansias de poder.

Que no es para ya, lo dejamos más que claro en este blog hace más de un año, cuando los políticos de turno querían experimentar con agrupaciones de partidos, únicamente por ahorrar dinero, en ningún caso por adminsitrar justicia mejor. Ya hicimos público que el cierre de sedes y partidos judiciales podría tener serias consecuencias patrimoniales, por cuanto muchos de los nuevos edificios se han construido sobre suelo cedido a cuya propiedad únicamente se accede después de mantener el partido judicial un montón de años. Con independencia de que tampoco constaba la edificación en el Registro de la Propiedad.


La Adminstración de Juticia, únicamente funcionará cuado se le pongan medios. Es más digo bien alto y claro que con la actual organización, con la simple implantación de un expediente digital en condiciones camnbiaria todo un 100%, pero si hemos empezado hace 20 años con aplicaciones informáticas diferentes e incompatibles según el territorio de quién dependan los medios materiales o personales, pues así nos va.

Es más, para mí, ese es el detalle que marca todo el devenir de nuestra Adminstración de Justicia, no creo que haya demasiado interés en que esto llegue a buen puerto, y a las pruebas y probaturas existentes hasta el día de la fecha me remito.

Si por el medio, y con el único fin de ahorrar, van detrás los derechos de todos los ciudadanos, y con ellos los de los funcionarios, llegaremos a la conclusión de que no hay más remedio que luchar contra tanta barbaridad.