La incapacidad del Ministerio de Justicia de sacar adelante su Ley de Registros —que anunció hace año y medio y sigue parada— está a punto de dar lugar a un embrollo legislativo. Esa ley debía entrar en vigor antes del 22 de julio de este año, para dar cumplimiento a un mandato del Congreso de 2011. Pero ni está lista ni se la espera: el ministerio no logra ponerse de acuerdo con ningún cuerpo de funcionarios para que asuma —gratis— el trabajo de gestión de los registros civiles que ahora realizan jueces y funcionarios judiciales. A dos meses de que venza el plazo, Justicia estudia la posibilidad de cubrir el vacío legal declarando una prórroga in extremis, a través de una enmienda en el Senado a alguna otra norma que no tendrá nada que ver con la materia. Y seguir negociando para encontrar una salida al bloqueo.
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