Para que exista una Justicia Independiente debe separarse lo político de lo Judicial. Esto es lo que hace imprescindible la existencia de funcionarios al servicio de quienes administran justicia, es decir, los Jueces y Magistrados.
El servicio público que prestamos a diario es complementario y al mismo tiempo consustancial de la Justicia entendida como Poder, la Justicia respecto de quién eventualmente ostente el poder político, que es lo marca la idea de democracia basada en la división de poderes.
Los funcionarios al servicio de la Adminstración de Justicia han de tener garantizada su independencia porque se les exige ser imparciales, por lo tanto han de ser funcionarios especializados, en contra de la opinión de muchos políticos que piensan que igual da un funcionario que otro. Precisamente lo contrario de lo que piensan los titulares de los órganos judiciales, que prefieren personal que conozca perfectamente lo que lleva entre manos.
Funcionarios independientes que no sean el objetivo ni el chivo expiatorio de la torpeza o los intereses del político de turno, con forma de acceso y condiciones de trabajo dignas, totalmente regladas y conocidas de forma previa y general, para que no puedan ser manipulados.
Mal vamos si el propio personal, está representado por entidades con finalidades o determinados objetivos políticos, que normalmente anteponen a los intereses de los trabajadores, o sencillamente son correa de transmisión de determinados partidos políticos.
Lo mismo cabe decir de quién recibe ayudas y subvenciones poco o nada justificadas. No se trata de negar la actividad de fomento del Estado, es evidente que los sindicatos tienen el mismo derecho que cualquier otro tipo de organización a recibir subvenciones, pero no de cualquier forma o con cualquier pretexto y como norma. En todo caso, debe existir una norma igual para todos.
Distinguir a los no independientes es fácil, sólo hay que ver su forma de actuar y sobre todo las opiniones de sus dirigentes.
