La nueva Ley del Registro Civil que se está tramitando contiene cambios significativos que afectan a las condiciones de trabajo de los funcionarios al servicio de la adminstración de Justicia.
Una primera consulta del proyecto que, al parecer cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría del arco parlamentario, como mínimo da que pensar. ¿Que va a pasar con el personal destinado actualmente en los Registros Civiles, o que ejercen funciones relativas al mismo? ¿Qué va a pasar con los Juzgados de Paz cuando desaparezca una buena parte de su trabajo? ¿Tendremos menos puestos de trabajo a los que acceder? Según el Ministerio se mantendrán los derechos de los funcionarios que tendrán la oportunidad de optar por incorporarse a las nuevas oficinas, o seguir en la Administración de Justicia. El proyecto de Ley deja claro que el Registro Civil ya no estará integrado en la organización de la Adminstración de Justicia y que dependerá del Minsterio de Justicia o de las Comunidades Autónomas con competencias "ejecutivas" en la materia. También recoge que la documentación y solicitudes relativas al Registro Civil podrán presentarse en los Juzgados de Paz.
Además añade que los funcionarios podrán optar entre quedarse en los Registros Civiles afectos a la nueva Administración, o concursar a otros puestos en la Adminstración de Justicia. Esto no incluiría a los funcionarios destinados en Juzgados de Paz, en principio.
Quién opte por quedarse le será de aplicación El Estatuto Básico del Empleado Público, es decir, sus relaciones laborales habrán cambiado por completo, y lo primero que ocurrirá es que perderá el actual sueldo, pasando a percibir el que le corresponda según grupo de titulación y seguramente un complemento personal transitorio por supuesto absorbible por futuros incrementos de este concepto. Además los nuevos trienios serán inferiores porque se calcularán sobre un sueldo inferior.
Esto siendo importante, no lo es todo, porque se puede incluso llegar a percibir mayores retribuciones por otros conceptos. Lo que escama es que todo esto que cambia las condiciones de trabajo de los funcionarios que sirven los Registros Civiles, y por supuesto afecta a sus expectativas laborales, personales y familiares, se esté llevando a cabo alegremente, sin previa negociación dé ningún tipo con los representantes de los afectados, con la excusa de que el Parlamento es soberano para legislar lo que crea más conveniente, lo que además es cierto, pero denota una falta de sensibilidad por parte del Gobierno respecto del futuro de miles de personas que da que pensar.
De momento, solo hemos visto un sindicato que ha convocado una tímida movilización exigiendo el cambio de la Ley, y algún otro siguiéndole de forma más tímida todavía en alguna ciudad, no sé todavía si por salvar la cara o porque no sabía muy bien lo que hacer. Pero esto no es. Lo que hay que hacer es exigir con contundencia, claridad y negociación. En los Registros Civiles trabajan personas.
Y no valen excusas, ni mirar hacia otro lado por parte de nadie. A los afectados que al fin y al cabo somos todos, porque nos supone menos puestos de trabajo y por lo tanto menos posibilidades de elección y promoción, nos importa un pito todo el rollo mediático sobre elección de apellidos y otros, que como siempre, se airean para vender algo. Lo que necesitamos saber es nuestro futuro y eso precisa de conocer en que condiciones me voy a ir, o me puedo quedar.
Al día de hoy, ni una cosa ni la otra.
Nota de prensa del Ministerio Proyecto de Ley
