El Conseller ha manifestado que “dentro de sus capacidades, desarrollarán y pondrán en marcha progresivamente los servicios comunes de la Oficina Judicial ” y además de anunciar “una nueva orden reguladora de las bolsas de interinos”, ha vuelto a reivindicar que “que el Gobierno equipare el número de jueces por cada 100.000 habitantes en la Comunidad a la media nacional”.
Tras el recorte de nuestros sueldos, vino la supresión de 15 juzgados, la pasada semana la Administración Autonómica anunció la supresión de 704 puestos de trabajo, y además en los próximos meses desaparecen 196 liberados sindicales. El Conseller de Hacienda dice que además para cumplir con sus compromisos tiene que recortar otros 580 millones de euros el próximo año en la Administración Pública valenciana. No quiero ni imaginar lo que puede ocurrir después del próximo 20N.
No hay peor momento para implantar la NOJ para los funcionarios ni mejor para la Administración. Ahora es fácil reducir plantillas con la excusa de la racionalización para el ahorro. Además la reclamación de más jueces sin funcionarios, incrementará el trabajo; es la solución de los Tribunales de Instancia, que se crean para ahondar más en la Nueva Oficina Judicial.
La creación de servicios comunes, conllevará el trasiego de funcionarios de unos centros de trabajo a otros por la simple aplicación de la LOPJ de 2003, pero la forma ha de ser negociada en el ámbito de la Generalitat Valenciana , so pena de hacerse sin ninguna clase de garantía para los funcionarios afectados.
No vale lo ocurrido o lo que pudiera ocurrir en territorio Ministerio. La legislación es clara en ese aspecto, y la única garantía con lo que contamos los funcionarios es la unidad de acción para paliar sus efectos.
Son tiempos de recorte y guadaña. Huir de la unidad será aprovechado convenientemente por la Administración , y quién la niegue tiene la obligación de explicarlo públicamente.
