Nuestro Ministro de Justicia ha manifestado a la prensa
“que el Gobierno va a acometer una "reordenación"
para mejorar el funcionamiento de la Administración
de Justicia, que consistirá básicamente en contar con el apoyo
de "colaboradores
habituales" de este poder del Estado como registradores, notarios y procuradores en los
tribunales”.
Tiempo atrás en un
artículo de opinión en este blog me hice eco de la firma de un convenio entre el Ministro y los Registradores de la propiedad, con un coste de más de un
millón de euros, para desatascar cerca de 400.000 nacionalidades paradas en el
Ministerio, después de haber sido tramitadas en su totalidad por los
funcionarios de los Registros Civiles.
En otra
intervención ya anunció que la nueva Ley del Registro civil había de retrasarse
porque los Ayuntamientos no tienen capacidad para asumirlos, seguramente
pensando en los recorte, y en el año y medio, que por ejemplo, debe la
Generalitat Valenciana a quienes gestionan al Registro Civil en Juzgados de Paz
de menos de 7.000 habitantes
Hemos visto u oído
que pretende dar ciertas competencias en materia de familia a los Notarios, y
la Ley en sus últimas reformas prevé que los Procuradores lleven a cabo distintos actos de comunicación, hasta entonces realizados exclusivamente por funcionarios de justicia.
Lo que no ha contado el Sr. Ministro a los ciudadanos,
es que además de las tasas judiciales que pretende volver a imponer no van a
ser el único gasto que los ciudadanos van a tener que asumir para acceder a los
Tribunales, porque Notarios, Registradores de la propiedad y Procuradores
querrán cobrar sus tasas, aranceles o derechos a los ciudadanos, que además no
suelen ser baratos, por actuaciones que ahora se realizan de forma gratuita por
funcionarios judiciales.
Eso es privatizar,
y además sin crear empleo. Por la mitad de lo que cobrarán estos funcionarios o
actores particulares, los funcionarios judiciales nos lo ganaríamos de sobra en
productividad. Pero claro, a eso nosotros no tenemos acceso. Hasta ahora todas las privatizaciones, como agua, basuras, correos, hospitales, etc, que debían ser
la panacea y además muy barato, han resultado ser un fiasco y además tres veces
más caro.
