El Ayuntamiento de Alcoy ofrece al Consell en alquiler, y a un precio simbólico, el nuevo edificio de la Mare de Déu para posibilitar el traslado urgente de los juzgados. El gobierno municipal es consciente del mal estado de la actual sede judicial y quiere evitar a toda costa la marcha de la Fiscalía, por lo que está dispuesto a renunciar a una compensación económica por las obras realizadas a cambio de que la Generalitat construya en el futuro un Palacio de Justicia en condiciones. El consistorio, con todo, pide también la titularidad del inmueble de la plaza de Al Azraq, basándose para ello en la jurisprudencia existente.
