En España existe un modelo de prestación de servicios sanitarios a través de proveedores privados pero con financiación pública desde el año 1975, el modelo del Mutualismo Administrativo.
Lo que paga el Estado por cada persona protegida (prima capitativa) a las aseguradoras privadas con las que concierta Muface para que presten la asistencia sanitaria en las condiciones establecidas para el Sistema Nacional de Salud (SNS) es menor que el gasto por persona protegida del sistema público. La cuestión es determinar cuánto menor es y concluir si esta diferencia está o no justificada.
El sistema público asume unos gastos para garantizar las prestaciones incluidas en la cartera de servicios que no asumen las aseguradoras y que no se pueden desglosar.
