Para los gestores sanitarios españoles —y entiéndase gestores en el sentido más amplio: desde ministros o consejeros hasta presidentes de colegios médicos, de sociedades científicas, gerentes o directores de ambulatorio o de servicio— el año 2000 está marcado en letras de oro. Si la sanidad necesitaba un mantra al que aferrarse, un lema del que presumir, un informe de la Organización Mundial de la Salud lo facilitó con creces. En aquel estudio, la organización se atrevió por primera —y última— vez a hacer una clasificación por países. Y, ¡sorpresa!, España quedó en séptimo lugar. Desde entonces no hay discurso, manifiesto ni manifestación que no recuerde que el sistema sanitario español es (o al menos lo era hace 12 años) “uno de los mejores del mundo”.
Y, más mérito aún, España era séptima siendo el país 24º en gasto por persona. Además, la lista era cuando menos, peculiar. Los dos primeros, Francia e Italia, eran competidores de respeto y, por así decirlo, competencia directa. Pero los siguientes (San Marino, Andorra, Malta y Singapur) eran o muy pequeños, o muy exóticos.
Lástima que esa rentabilidad se quiera convertir en el negocio de unos cuantos a costa de las condiciones de trabajo de los trabajadores y del servicio recibido por los ciudadanos
