La economía se ha instalado en la justicia, pero no a través de mecanismos inversores, como sería deseable y necesario, sino para convertirla en una máquina de recaudación. El objetivo es doble: recaudar y, de paso, hacer desaparecer el problema por medio de la disminución de la litigiosidad. El ciudadano, al que se aleja de los tribunales, pagará la cuenta.
