La tolerancia de los poderes públicos con los paraísos fiscales ha quedado de manifiesto, una vez más, al publicarse las primeras informaciones sobre una filtración masiva de datos referidos a 130.000 evasores fiscales repartidos a lo largo del mundo, según los medios de comunicación que han publicado los primeros resultados. Bancos, empresas, políticos y nombres de la sociedad civil figuran en esos listados, establecidos a partir de 2,5 millones de documentos robados por antiguos empleados de entidades que trabajan en diez territorios, como Singapur, Samoa, las islas Cook o las islas Caimán, todos ellos paraísos fiscales, el último situado bajo la jurisdicción de Reino Unido —es decir, de un miembro de la UE—.
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