Publicado por Staj
Valencia
Con fecha 3 de diciembre de 2012 se constituyó la
Plataforma Justicia para Todos, con la finalidad de defender con todos los
medios democráticos a su alcance, los bienes y servicios básicos, el Estado de
bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía, así como poner de
manifiesto el rechazo a todas las reformas que tengan una incidencia negativa
en el derecho de defensa de todas las personas, recortando el acceso a la
justicia restringiendo los derechos y libertades de los ciudadanos, y
haciendo retroceder el Estado de Derecho.
Ante las últimas reformas y proyectos legislativos la
Plataforma MANIFIESTA:
· Toda reforma en
el ámbito de la justicia debe estar al servicio de la ciudadanía para la plena
efectividad y reconocimiento de los derechos y libertades que establece la
Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
· El acceso a la
justicia por parte de los ciudadanos debe ser gratuito como proclama la
Constitución, y no son admisibles en un Estado Social y Democrático de Derecho,
restricciones que limiten el derecho a la tutela judicial efectiva, y que
disuadan al ciudadano de litigar en la defensa de sus derechos e intereses.
· Las reformas
legales deben garantizar la agilización de los procedimientos para obtener una
respuesta efectiva sobre los derechos e intereses en disputa en un tiempo
razonable.
· Toda iniciativa
legal debe estar al servicio de garantizar los derechos de la ciudadanía ante
la justicia sin que sean admisibles restricciones presupuestarias que
deterioren la prestación del servicio por falta de recursos personales y
materiales.
· Las reformas
deben garantizar la independencia de los jueces y magistrados, la
promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los
derechos ciudadanos del Ministerio Fiscal, la objetividad e imparcialidad en el
desempeño de las funciones públicas en el ámbito de la Administración de
Justicia, y el reconocimiento y garantía del ejercicio de colaboración con la
justicia de los profesionales del derecho, así como la protección y
reconocimiento de los intereses colectivos de las organizaciones y entidades
ciudadanas que representan a los ciudadanos.
· Las reformas,
por último, deben desarrollarse conforme al principio de
participación ciudadana en el servicio de la justicia, para hacer efectivo el
principio constitucional que reconoce a los ciudadanos la participación en la
vida política, económica, cultural y social.
En relación a los proyectos e iniciativas legales que se
relacionan, lo siguiente: