Publicado por Staj Baleares
Se ha informado a la Defensora del Pueblo que la no cobertura de plazas en muchos destinos, en concreto en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, llegaban a 600 puestos sin cubrir en cada Comunidad. En otros territorios la tardanza en cubrir estas plazas era notoria, argumentada en base a razones de interés económico y no a las necesidades del servicio y a un mejor funcionamiento de la Justicia.
Esta situación de falta de medios personales está provocando que se beneficie al corrupto y delincuente (prescripciones, suspensión de señalamientos...) perjudicando a los ciudadanos y a los funcionarios de Justicia, por el colapso real de los juzgados y la tensión existente ante estas situaciones.
Por este motivo y el aumento de corrupción en España, es inadmisible no cubrir los puestos de los juzgados y Tribunales y la no convocatoria de Empleo Público en la Administración de Justicia.
La existencia de casi el 30% de interinos en la Administración de Justicia permite a la Administración hacer amortización de plantilla encubierta.
La Defensora del Pueblo, nos informa "que tras el examen de los datos aportados por STAJ, ha dirigido comunicación al Ministerio de Justicia a fin de continuar con la petición planteada por este sindicato.” y solicita información sobre las previsiones de Ministerio en relación con las plantillas del personal de la Administración de Justicia., todo ello encaminado a conseguir convocatoria de oferta pública en Justicia y que esta no se vincule con el resto de Administraciones ni con las peticiones de la Unión Europea.
En Justicia es evidente la necesidad de medios personales y más en la actualidad, con el aumento de la carga de trabajo y la no cobertura de muchas plazas de interinos generando "una amortización encubierta".
Para la Defensora del Pueblo es de suma importancia la situación generada por la falta de medios personales, creando perjuicio a los ciudadanos y beneficiando al corrupto y delincuente, y el alto índice de interinidad que permite hacer uso de las plantillas a la Administración en beneficio de sus intereses económicos y no de un mejor servicio a la ciudadanía.