Parece que hoy tendremos noticias sobre la acción social 2011. Esperemos que nuestros representantes no sean tontos y consigan al menos lo mismo que el pasado año. Ya opiné anteriormente que la acción social que recibimos ahora no es la que todos queremos, pero seguramente es la única viable en estos momentos.
La tardanza en la convocatoria pone en claro que al menos ha habido un intento de ahorrarse un dinero que es los funcionarios judiciales dependientes de la Generalitat Valenciana.
El hecho de que algún sindicato haya alardeado de haber arrancado de la Administración un compromiso de negociarla tampoco me tranquiliza demasiado, primero porque confirma mis sospechas, y sobre todo porque no conocemos el motivo por el que exclusivamente ha contestado a dicho sindicato y no a otros peticionarios. Huele a que tiene que ver con la movilización del último mes, y que se ha apuntado hacia quién más fácil se lo ha puesto, en un claro intento de mantener la división.
En cualquier caso, sea bienvenida. La acción social en la Administración de Justicia se implantó en 1990, en una negociación con el Ministerio en la que participé directamente y me hubiera sentado muy mal la pérdida de ese derecho después de 20 años. Es lo que es: un derecho, no un regalo, ni una dádiva. Nada con lo que “traficar”. Y me importa un bledo lo que hayan echo otras Administraciones.
