La reforma de la LOPJ de 2003, puso los cimientos de la nueva Oficina Judicial y con ello un nuevo sistema de organización de la Justicia y de la gestión del personal que presta servicio en esta Administración.
Esto tuvo ciertos efectos beneficiosos sobre los funcionarios. Gracias a esa reforma todos hemos promocionado a un Cuerpo o Escala de superior categoría, incrementando las retribuciones básicas y complementarias y además las futuras pensiones.
Con ello apenas paliamos las pérdidas de poder adquisitivo que nos infligió la inflación galopante que acompañó a la entrada en vigor del Euro, muy bien aprovechada por los de siempre para incrementar los precios de forma salvaje y artificial, sin ningún control, además del recorte de nuestros sueldos de hace apenas un año, y el próximo bocado a nuestras pensiones.
La instauración de la nueva organización parece más bien una operación de marketing en lugar de un intento o esfuerzo real por conseguir una Administración verdaderamente eficiente, sólo hay que ver el diseño puesto encima de los cimientos. Para los que trabajamos dentro, es como si un funcionario judicial se dedicara a plantar coles y un agricultor a diseñar la organización judicial.
Mientras, en base a esa organización cuyo desarrollo está pendiente de negociar, tenemos al personal de auxilio manejando aplicaciones informáticas tanto propias como ajenas, que van desde grabar vistas a gestionar el correo; a Tramitadores y Gestores, entrando con firma electrónica y bajo su responsabillidad en diversos Registros Públicos; y todos atendiendo al público y profesionales cara a cara todos los días.
En otras Administraciones, por eso cobra quién efectivamente lo hace, pero en la nuestra en este estado de indefinición, mientras nos van metiendo la “cuchara”. La verdad es que la táctica de la avestruz tampoco es la mejor. Aunque no haya dinero. Porque de seguir así, llegará el día de reclamar al maestro armero, me temo.
