El Consejo de Ministros aprobó el viernes la reforma de la Administración Local, con la que se pretende clarificar el nivel competencial de cada administración y ahorrar 7.100 millones de euros hasta 2015. La reforma limita el sueldo de alcaldes y concejales, además del número de empleados de cada ayuntamiento, que será determinado anualmente por el Estado. El 82% de los ediles, que compatibilizan su cargo con otro empleo, no cobrarán.
El texto, sin embargo, ha sufrido importantes cambios desde las pretensiones iniciales apuntadas por el Ejecutivo hace un año, en las que machaconamente insistió que la reforma llevaría aparejada la supresión de al menos el 30% de los ediles y que se limitarían las retribuciones a un máximo de 70.000 euros. La presión de la oposición, en especial del PSOE, y de los propios alcaldes populares representados en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha provocado cambios en esos dos temas: el anteproyecto no contempla que se rebaje el número de concejales y no establece el límite de 70.000 euros, ya que se permite que algunos ediles cobren hasta 100.000.
