Hoy los funcionarios de justicia dependientes de la Generalitat Valenciana desconocemos cual es el calendario laboral que hemos de cumplir. La normativa vigente exige que como máximo el 28 de febrero de cada año esté aprobado el de ese mismo año, es decir como mínimo desde el mes de enero, sino antes, la Mesa Sectorial de Justicia de la Comunidad Valenciana tenía que haber resuelto esta situación, como ya se ha hecho en otros marcos de negociación tanto de ámbito autonómico como estatal.
Pero además, el pasotismo llega a tal extremo que no conocemos cuantos días de vacaciones podemos disfrutar sueltos, (en Andalucía los 22, en territorio Ministerio 7, etc..) y si estos se pueden acumular o no a las vacaciones como en otros ámbitos. Igualmente nada sabemos de los días de permiso por asuntos particulares que realmente podemos disfrutar, porque no se han negociado y nos consta que en otros ámbitos son más de tres.
Todas estas cuestiones están negociadas y resueltas en multitud de administraciones, pero inexplicablemente siguen aparcadas en Justicia dependiente de la Generalitat Valenciana. Es cierto que recientemente han habido unas elecciones sindicales, y además que en estos momentos se está procediendo al traslado de sede de la Dirección General de Justicia, pero eso no es excusa válida porque todo esto se podía haber negociado con tiempo de sobra con anterioridad.
Es imprescindible pues, que con la máxima celeridad se convoque la correspondiente mesa de negociación para resolver el grado de inseguridad jurídica en que nos movemos en la actualidad, en cuestiones tan básicas que cualquier trabajador tiene resueltas en su contrato de trabajo, por lo que entiendo que es necesaria la adopción de los acuerdos urgentes, en vista de la cercanía del periodo vacacional, y que se fije un calendario de negociación inmediato y preciso para atender al resto de cuestiones relacionadas no tan urgentes.
